Presentan un proyecto para que los sindicalistas tengan que informar públicamente su patrimonio
En un nuevo capítulo de la ofensiva del Gobierno contra, al menos, un sector de los gremios, legisladores oficialistas presentaron hoy un proyecto que propone modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales, donde se incluya como requisito para integrar órganos directivos de los sindicatos la presentación de “una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de su cargo”, información que se deberá “actualizar anualmente”, al tiempo que también deberán presentar “una úlltima declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”.
La iniciativa fue elaborada por el diputado nacional Luis Petri (UCR- Mendoza) y lleva la firmas de más de 20 legisladores oficialistas, entre los que están Graciela Ocaña, Paula Oliveto y Fernando Iglesias.
El proyecto propone, entre otras cosas, que los dirigentes gremiales sean alcanzados por las figuras de cohecho y enriquecimiento ilícito para poder juzgar por hechos de corrupción a quienes dirijan o administren asociaciones sindicales. “El proyecto modifica los delitos de ‘Cohecho‘ y de ‘Enriquecimiento Ilícito‘ con el fin de sancionar a aquel que dirija o administre asociaciones sindicales, o de las obras sociales de la ley 23.660, y que incurra en alguna de esas acciones típicas. Dada la gravedad de dichos delitos, también se propone un aumento de las penas”, sostienen en un comunicado.
Según Petri, la idea es que los dirigentes sindicales sean equiparados, en cuanto a su tratamiento por estas cuestiones, a los funcionarios públicos, ya que “están al frente de entes públicos no estatales”.
El legislador mendocino advirtió, además, que se trata de terminar con una situación en la que la “corrupción sindical quedaba impune”, mediante el mecanismo de que los gremialistas sean alcanzados por figuras que hasta ahora sólo comprenden a los funcionarios públicos.
El diputado señaló a El Cronista que hasta ahora las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales quedaban “en sobre cerrado” y, al no ser renovada la información que contenían periódicamente, dificultaba determinar la evolución patrimonial, dato que ahora se pretende sea accesible al público.
